Casi 60 años y bastante por hacer
Este 10 de diciembre se cumplen 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y si bien muchas cosas han cambiado desde entonces, aún queda mucho en la columna del haber para la humanidad.
Revisando el reporte liberado recién por Amnistía Internacional notamos esto último. De Ecuador se menciona en resumen:
El nuevo gobierno puso en marcha reformas constitucionales. Ecologistas y dirigentes comunitarios fueron objeto de amenazas y actos de acoso en zonas próximas a empresas extractoras. Se denunciaron varios casos de tortura y malos tratos a manos de la policía.
Hay casos puntuales de denuncia en el 2007 sobre activismo comunitario y motivos de preocupación al medio ambiente, y sobre abusos de la policía y las fuerzas de seguridad. Sobre los primeros:
Entre junio y agosto, el dirigente comunitario Jaime Polivio Pérez Lucero recibió amenazas de muerte y la activista Mercy Catalina Torres Terán fue agredida por un hombre armado sin identificar. El motivo de estas acciones fue al parecer la oposición de ambos a un proyecto minero que debía realizarse cerca de sus casas, en la zona de Intag, provincia de Imbabura.
En enero y marzo, según los informes, miembros de las fuerzas armadas amenazaron y hostigaron a integrantes de una comunidad de Cantón Chillanes, en la provincia de Bolívar. Los detuvieron, acusándolos de actos de sabotaje y violencia contra las fuerzas armadas, pero los dejaron en libertad varios días después por falta de pruebas concluyentes. Las detenciones se debieron al parecer a la campaña emprendida por la comunidad en favor del derecho de las personas afectadas por la construcción en la zona de una presa y una central hidroeléctrica a ser consultadas sobre los detalles del proyecto.
En noviembre se declaró el estado de emergencia en la provincia de Orellana después de que, durante una campaña para exigir que el gobierno invirtiera más dinero procedente del petróleo en la mejora de las infraestructuras de la provincia, unos manifestantes se apoderaran de algunos pozos petrolíferos y redujeran la producción de petróleo en torno a un 20 por ciento. En una operación militar llevada a cabo para sofocar las protestas se detuvo a unos 20 manifestantes y, según los informes, se les infligieron malos tratos.
Sobre los segundos:
Un muchacho de 17 años, Paúl Alejandro Guañuna Sanguña, fue detenido en enero por dos agentes de policía cuando se dirigía a pie a su casa, en Zámbiza, provincia de Pichincha. Al día siguiente se encontró su cadáver en el fondo de un barranco. El intento de remitir el caso a un tribunal policial retrasó el comienzo del proceso judicial. El juicio proseguía en un tribunal civil al finalizar el año.
En mayo, la policía dio el alto a un muchacho de 16 años, Víctor Javier Tipán Caiza, cuando se dirigía a pie a su casa en compañía de unos amigos. Éstos lograron huir, pero Víctor Tipán fue detenido y puesto bajo custodia. Sus amigos lo encontraron más tarde en el sitio donde les habían dado el alto. Sufría lesiones múltiples, como rotura de la nariz y de varios dientes. Al parecer se inició una investigación de lo sucedido, pero los resultados seguían sin conocerse al finalizar el año.
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